El gran dilema de YPF

En mediados de diciembre, 1907, a dos meses de los 7 años desde la fundación de la ciudad de Comodoro Rivadavia, un grupo de operarios que buscaba agua potable en las intermediaciones, descubrió por accidente el “oro negro”, conocido hoy en día como el petróleo. A partir de ese momento, la ciudad se convirtió en un centro petrolero. 

Antes de que existiera YPF, ya había intervenciones estatales en el sector: en 1910, durante la presidencia de José Figueroa Alcorta, se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, con objetivos regulatorios frente a compañías petroleras extranjeras. Todo esto, más un interés por la industria, atracción migratoria a la zona y potencial económico en el horizonte, dió lugar a la llegada de un titán.

YPF fue creada por decreto el 3 de junio de 1922, bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Se estableció como la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, dependiente del Ministerio de Agricultura. Su motivación principal era  garantizar que el país tuviera control sobre sus recursos petroleros, asegurarse de un suministro de energía, evitar la dependencia excesiva de empresas extranjeras, y abarcar la cadena petrolera (exploración, explotación, refinación, distribución). En otras palabras, que la Argentina tuviera soberanía energética. 

YPF fue una de las primeras compañías estatales verticalmente integradas en el mundo, lo que significa que no solo perforaba, sino que hacía refinación, transporte, distribución, etc. No dependía de privados para todas las etapas. Permitió al Estado argentino tener mayor control sobre un recurso estratégico como el petróleo, que hasta entonces estaba muy ligado a intereses extranjeros. Territorialmente, favoreció el poblamiento y la infraestructura en zonas patagónicas y del sur (por Comodoro Rivadavia y otras localidades petroleras), con la creación de barrios, hospitales, escuelas alrededor de la actividad petrolera. 

Aún así, la geografía, lo costoso de la exploración, los retos técnicos; además, tensiones políticas entre distintos proyectos nacionales vs. intereses provinciales vs. compañías extranjeras que condicionan las inversiones y las regulaciones, sumado a una creciente demanda interna, llevó a una urgencia por crecer rápido.

Luego de décadas de crecimiento sostenido, con periodos de inestabilidad política e institucional, crecimiento del índice de la inflación, dificultades para la importación, y un gran problema para acumular y mantener reservas, YPF fue una de las muchas empresas en el marco de la industria nacional que se vieron afectadas.

YPF, como empresa estatal con muchas obligaciones sociales y políticas, tenía costos elevados, infraestructura desgastada, déficit en inversión de mantenimiento o modernización, lo que implicaba que muchas veces la rentabilidad real (o su capacidad para generar inversión propia) estaba comprometida.

Con la vuelta de la democracia, pero la persistencia de problemas económicos, como crisis de deuda, inflación alta, déficits fiscales, y el peor periodo de hiperinflación de nuestro país, el estado tenía muchas empresas públicas con pérdidas o con capital insuficiente para sus obligaciones de inversión. Privatizar fue visto como una forma de aliviar al Estado de parte de esas cargas, así como atraer inversión privada, ahorrar o reducir subsidios.

Con la caída del bloque soviético, el auge del Consenso de Washington, y presiones de organismos internacionales (FMI, BID, BM), la apertura de mercados, privatización de empresas estatales, liberalización económica, eran parte central de las recetas. En Argentina, ya desde fines de los ’80 y durante los ’90 esa agenda se aplicó en múltiples frentes, como servicios públicos, energía, transporte y comunicación.

En 1992, se sancionó la ley de “Federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF S.A.”, que pone en marcha el desmembramiento parcial, entrega de concesiones, participación privada en exploración/explotación. YPF pasaba a manos de privados, pero el estado argentino mantiene una mayoría de las acciones, lo que técnicamente lo convierte en “dueño parcial”

Entre 1998 y 1999, se confirma la venta del remanente de acciones estatales al capital privado, concretamente a la empresa española Repsol. En enero de 1999, Repsol adquiere el 14,99% inicial, y posteriormente amplía su participación hasta controlar la mayoría accionaria. Esto consolida la privatización plena de YPF.

Se acusaba a Repsol-YPF de no invertir lo suficiente en exploración de nuevos yacimientos y en renovar reservas. Esto derivó en que la producción no creciera al ritmo que se necesitaba, y en que exportaciones/importaciones energéticas se volvieran desfavorables. Argentina pasó a tener que importar crecientemente millones de dólares en combustibles, lo que afectaba la balanza comercial, generaba vulnerabilidad ante cambios de precios internacionales. Sumado a controversias sobre quién realmente tenía el control, sobre las concesiones, sobre cuánto de la rentabilidad se remitió al estado, cuáles contratos se habían otorgado, impuestos, regalías, o presiones para mantener combustible relativamente barato para los consumidores. Argentina perdía divisas al importar combustibles, perdía control sobre YPF y por sobre todo, la sociedad sufría las consecuencias.

Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, se puede marcar un contexto bastante deprimente para la Argentina. Es por ello, que en abril de 2012 el  Ejecutivo envía al congreso el proyecto de ley de “Soberanía hidrocarburífera” que declara de interés público la actividad hidrocarburífera y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF que estaban en poder de Repsol. La ley fue aprobada el 5 de mayo de 2012. Se negoció luego una compensación con Repsol por unos 5.000 millones de U$D.

Si bien luego se pagó a Repsol una compensación, no se ofreció un mecanismo legal (“tender offer”) para que los accionistas minoritarios de YPF (como los grupos Petersen y Eton Park) pudieran también vender sus acciones bajo condiciones similares. Esto violó, según la justicia de EE. UU., los estatutos de YPF y los derechos de esos accionistas. Por ese motivo, en 2023 un tribunal de Nueva York condenó al Estado argentino a pagarles unos US$ 16.100 millones (daños más intereses), además de ordenar transferir el 51% de las acciones para satisfacer esa deuda, lo cual Argentina está apelando.

En la actualidad, el caso sigue en limbo. En junio de 2025 la jueza Loretta Preska ordenó transferir el 51 % de YPF a un fideicomiso en Nueva York para que los demandantes puedan cobrarse, pero en julio la Cámara de Apelaciones suspendió esa medida mientras revisa el recurso argentino, con apoyo del propio gobierno de EE. UU., que advirtió sobre posibles conflictos diplomáticos. Mientras tanto, se discute qué activos se pueden ejecutar y Argentina sigue apelando el fallo principal.

En el hipotético caso que la sentencia de 16.100 millones de U$D queda firme, Argentina enfrentaría una de las condenas más grandes de su historia: implicaría usar reservas, endeudarse o resignar activos estratégicos (como acciones de YPF) para pagar, lo que golpearía su ya frágil acceso a financiamiento internacional y agravaría la presión sobre el dólar y las cuentas públicas. Sumado a perder el control definitivo de la empresa, la cual se estima por proyecciones de extracción de crudo y gas natural, sumado a el crecimiento de sitios estratégicos como Vaca Muerta, estima que YPF sería la principal fuente de ingresos del estado argentino por los siguientes 30 años, como mínimo. 

Es realmente trágico que la Argentina se encuentre en esta situación. Lo que empezó como un proyecto de iniciativa pública, para desarrollar el país, asegurar recursos estratégicos en manos del estado y fomentar la actividad del sector, se transformó en un turbulento baile, entre problemas políticos, institucionales, económicos, financieros y de control. Solo podemos esperar que de alguna forma YPF siga perteneciendo en manos del país. 

Luego de todo lo que se mencionó anteriormente, cabe hacer la pregunta seria, ¿Es realmente lucrativo que el estado tenga empresas públicas?, ¿Justifica la ganancia el enredo burocrático y la posibilidad de daños colaterales por mala administración?, ¿O acaso el país estaría mejor con empresas particulares y el estado como supervisor?